Según un boletín de prensa del CJ, los emigrantes bolivianos ya no tendrán que suscribir un poder notariado, lo que implicaba demora y un alto costo para adquirir este documento.
Esta iniciativa fue presentada a través de un proyecto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la cual fue aprobada, y a la fecha se ejecuta el plan; ya que se cuenta con una instancia del REJAP (Madrid) donde se atienden las solicitudes de los bolivianos residentes en ese país.
La ejecución de este proyecto inició en noviembre de 2008, cuando se firmó un convenio interinstitucional entre el CJ y la Cancillería boliviana, para cumplir con el Servicio de Gestoría Consular, instituido en la Ley 3108, la cual regula la prestación de servicios al ciudadano residente en el extranjero a objeto de dotarle en plazos razonablemente cortos, documentación cursante en los registros públicos definida en el artículo tercero de dicha ley, bajo principios de celeridad administrativa a través de la Gestión Consular.
En esa línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encargó de dotar de los recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto diseñado por el CJ.
El lanzamiento oficial de esta nueva repartición será en las siguientes semanas, sin embargo, durante el periodo de prueba, el actual, se reciben en promedio 50 solicitudes de certificados por día, las que son despachadas en el lapso de 24 horas.
En Madrid se cuenta con un sistema informático que envía las solicitudes recibidas, a través de la web, a la Dirección Nacional del Registro de Antecedentes Penales (REJAP), ubicada en la ciudad de Sucre. Luego de la recepción se realiza la verificación respectiva en un plazo de 24 horas, para posteriormente enviar la respuesta a la repartición de Madrid, donde se entrega el referido certificado del REJAP.
Todo este procedimiento demanda unas 24 horas, pero este documento debe ser validado en el Consulado boliviano, procedimiento que dura alrededor de una semana. En todo el país se reciben más de 80.000 solicitudes por año y en lo que va de esta gestión se han registrado más de 50.000 peticiones para obtener este certificado.
Los datos
En Sucre está el sistema informático, y las solicitudes se encuentran en todos los distritos judiciales del país.
España es el país que aglutina al menos a 50.000 bolivianos, por lo que la demanda del certificado de antecedentes es mayor.
El Consejo de la Judicatura prevé abrir otra oficina con el mismo servicio, en Argentina.
Este proyecto inició en 2002, cuando se centralizaron las sentencias condenatorias ejecutoriadas del país.
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